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El 30 de diciembre de 2020, mediante la sanción de la Ley 27.610 que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y promueve la atención ambulatoria posterior a la práctica, estableció un hito en la historia de la lucha del movimiento de mujeres que logró la legitimación e institucionalización del acceso al aborto en un contexto más amplio al contemplado en la Ley Sáenz Peña. Este hecho marcó un antes y un después para las mujeres latinoamericanas que luchan por conquistar su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Primer aniversario de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo

Derecho a decidir

La ley 27.610 reconoce el derecho que poseen todas las personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las catorce semanas de gestación sin causales, y con posterioridad a ese plazo, si el embarazo es el resultado de una violación o si se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona gestante. 

Esta norma es el producto de largos años de lucha del movimiento feminista argentino. El primer proyecto se presentó en el Congreso en el año 2007, de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2018, la iniciativa consiguió la media sanción aunque dos meses después fue rechazada por el Senado Nacional.

Luego de estos intentos, finalmente, en un contexto pandémico que impidió que se reunieran grandes contingentes en las afueras del Senado y tras doce horas de debate, fue aprobada por 38 votos afirmativos, con 29 en contra y 1 abstención.

Posteriormente, el 14 de enero de 2021, fue promulgada para poder ser aplicada a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Sin embargo, durante este primer año de vigencia, la implementación de la ley recorrió un camino sinuoso, dándose de diferentes maneras según la región del país.

Así, según datos recabados por Proyecto Mirar, la tasa de aborto que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada mil personas con capacidad de gestar deja ver que, mientras que en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego de 4.3, en Chaco es de 0.9 y en Formosa de 0.6, señalando una gran brecha entre las distintas jurisdicciones.

Además, según esta investigación, en 2021 hubo 36 demandas de grupos conservadores en contra de la normativa. Es por este motivo que, en el día internacional de los Derechos Humanos, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Estamos atentas y en la defensa de todas las leyes que nos amparan.

Reclamamos al Estado su pleno cumplimiento. ¡El derecho al aborto es un derecho humano!”. Al mismo tiempo, de la mano del derecho a un aborto seguro y despenalizado, la Campaña también exige educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar y sostiene que “nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación por parte del Estado”. 

En este sentido, y frente a la avanzada de la derecha neoliberal en América Latina, los movimientos feministas convocan a seguir batallando por los derechos de las mujeres e identidades diversas, tanto para sostener lo conseguido como para ampliar las conquistas. De este modo, la marea verde que tuvo su auge en Argentina en el 2018 sigue expandiéndose, traspasando las fronteras, por toda América Latina.

Por último, es importante resaltar que en el primer semestre del 2021 en Argentina se reportaron 25.894 interrupciones voluntarias del embarazo en el sector público, siendo resueltas el 87,2% de las demandas recibidas, y se distribuyeron 18.820 tratamientos de Misoprostol.

Además, el Ministerio de Salud posee una línea telefónica gratuita (0800-222-3444) para consultas y denuncias sobre salud sexual y (no) reproductiva, donde se puede acceder a información sobre la práctica de interrupción del embarazo y realizar reclamos por incumplimientos o demoras.

Garantizar la total implementación de nuestro derecho a decidir en todo el país

Es importante mencionar que, si bien la Ley fue sancionada en 2020, hay provincias que no la implementan. La situación se vio agravada durante la pandemia y las restricciones impuestas al momento de circular. A todo esto, debemos sumarle la incapacidad del Estado al momento de garantizar el equipo de profesionales que practiquen la IVE en todos los hospitales públicos del país.

La Secretaria de Derechos Humanos de la Delegación de Catamarca, Ana Radusky, afirmó que el principal obstáculo son los objetores de conciencia, al mismo tiempo, aclaró que en localidades como Andalgalá, en la provincia de Catamarca, no se realizan abortos porque los médicos están organizados en contra de la práctica desde que comenzaron los debates en el año 2018.

La funcionaria también añade que es el Estado el principal garante de suplir la falta de médicos que respeten la voluntad de las mujeres y cuerpos gestantes en cada localidad y provincia de todo el país.

Un año ha pasado desde la sanción de la Ley y hoy, más que nunca, debemos seguir luchando para que el Estado nos garantice nuestro derecho a decidir en cada rincón del país y sin dilaciones.

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