El pueblo de Jujuy se alza en contra de la reforma constitucional qué pretende limitar el derecho a la protesta y amenaza los derechos de los pueblos indígenas en favor de la extracción del litio. Los videos de la brutal represión dan vueltas por el internet. La incomodidad qué representa en año de elecciones este estallido social no tarda en verse. Los políticos a ambos lados de la grieta se lavan las manos o defienden la brutal avanzada sobre los derechos de los jujeños y las jujeñas. 

En TikTok hay un video de un docente jujeño gritándole a la policía: “En esta fila hay estudiantes a los qué yo les dije qué la democracia nos permite protestar. Su profesor les enseñó gratis para que puedan entrar a la policía”. Solo ese breve fragmento ya produce escalofríos, un corto video de menos de un minuto en una red social repleta de frivolidad y consumismo.

Las redes están repletas de Jujuy: imágenes de las protestas, las consignas, las personas envueltas en la wiphala, y la brutal represión. Los testimonios de los detenidos, perseguidos y vecinos de Jujuy se encuentran fácilmente. Jóvenes influencers de distintas partes del país suben informes y actualizaciones diarias, y se sumergen en el territorio, en medio de las movilizaciones y los reclamos.

Mientras tanto, en la televisión nacional los periodistas de distintos medios reducen el conflicto al corte de calles, sostienen saber quienes son “verdaderos” indígenas y quienes no, y convierten a este estallido social en una mera herramienta de la grieta. De informar, ni hablemos.

Las escasas palabras del oficialismo, la defensa abrumadora por parte de la oposición y el amarillismo de los medios de comunicación para los cuales la sangre de los jujeños no es más que un show nos hace preguntarnos: ¿qué es lo qué hay detrás de la reforma y el estallido social en Jujuy? 

¿Qué está pasando en Jujuy? 

El pasado 15 de junio se aprobó, en tiempo record y en medio de fuertes protestas, una reforma constitucional parcial impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, del radicalismo de Juntos por el Cambio. Esta reforma fue aprobada en alianza con el peronismo en una Asamblea Constituyente, y luego de la renuncia de los convencionales de la izquierda qué denunciaron irregularidades en el proceso.

Morales llegó al poder en Jujuy con un discurso ambientalista, que pretendía convertir a la provincia en un oasis verde, modelo en el país. En el 2013 impulsó la ley que convertiría a la provincia en la Capital Nacional de la Pachamama. El greenwashing, marketing ambientalista, justificó el extractivismo minero que se impuso en la provincia, poniendo en peligro la vida de las comunidades indígenas y su tierra. Esta reforma se asienta sobre este modelo que se está promoviendo en Jujuy.

Entre otros puntos, la reforma limita el derecho a la protesta mediante la prohibición del corte de calles y rutas, violando así la Constitución Nacional. Además, elimina las elecciones de medio término y establece que el partido que gane el poder ejecutivo de la provincia va a asegurarse la mayoría de las bancas en la legislatura provincial.

Sumado a esto, el artículo 36, apelando a la defensa de la propiedad privada, pone en riesgo los territorios de los pueblos indígenas habilitando los desalojos. Sin haber sido partícipes los pueblos originarios de este proyecto, ni de muchos otros previos qué han significado avanzadas sobre sus territorios, como explica Guillermina Esposito en su artículo en Revista Anfibia, esto viola el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada a las sobre las actividades que las afecten.

Esta aprobación se dio en medio de las masivas protestas docentes qué venían llevandose a cabo desde marzo en la provincia, reclamando mejores salarios y mejores condiciones en las escuelas jujeñas. Se sumaron las comunidades indígenas y diversos sectores de la sociedad jujeña, y la protesta explotó. El gobierno ordenó una brutal represión contra los manifestantes, qué al día de hoy tiene un saldo de más de 170 heridos y más de 60 detenidos. 

La situación en la provincia andina no puede entenderse sin ver el contexto económico, atravesada por la extracción del litio en la región. Argentina, junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente 30% del litio en el mundo.

Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales. Como explica el informe producido por El Ruido, el único proyecto minero qué produce y exporta litio en la Argentina es el proyecto Salar de Olaroz, de las empresa Australiana Allkem y la Japonesa Toyota, con participación del estado de Jujuy.

La empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) posee el 8,5% de las acciones, quedándose solamente con entre un 2% y 3% de las regalías. La información con respecto a las ganancias de la industria minera y los contratos en la provincia es escasa y de difícil acceso.

La mayor objeción con respecto al impacto de la extracción de litio es en relación con el consumo de agua qué requiere y el destino de los residuos de producción, qué afecta la vida de las comunidades en Jujuy. Por esta razón ya habían presentado las comunidades indígenas un pedido de amparo ambiental en defensa a sus derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.

En este contexto, la posibilidad de desalojar a las comunidades que viven en la provincia, despojarlos de sus tierras ancestrales para poder avanzar con la extracción de litio, ha llevado a que en los medios se reproduzcan nuevamente todos los discursos racistas y coloniales en relación a los pueblos originarios. Desde la extranjerización, acusándolos de no ser Argentinos, pasando por la completa invisibilización de los reclamos, hasta el dedo acusador que pretende señalar cómo deberían comportarse los “verdaderos” indios: sumisos, buenos, y sin ningún tipo de agencia. 

¿Qué hacemos con la democracia?

Jujuy arde. Los videos de la brutal represión dan vueltas por el internet. Desde Buenos Aires, Jujuy está muy lejos. A pesar de eso, en el día de hoy una multitudinaria marcha inundó el centro de la ciudad. La incomodidad qué representa en año de elecciones este estallido social no tarda en verse. Los políticos a ambos lados de la grieta se lavan las manos o defienden la brutal avanzada sobre los derechos de los jujeños y las jujeñas. 

Femicidio del poder en Chaco, inflación del 114% en relación al año pasado, precios inaccesibles y salarios de pobreza, una economía que roza los números del 2001, el avance de la derecha en las encuestas y crisis habitacional en todo el país con meca en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros sucesos que vienen marcando lo qué va de este 2023.

El estallido en Jujuy nos concierne a todos, en un momento de inflexión para el país. Se ven claramente las deudas que tiene nuestro sistema, que afectan más que nada a los jóvenes y niños, las mujeres, las disidencias y los colectivos indígenas. Es imperante que nuestros representantes políticos y aquellos que pretenden serlo, dejen de ignorar a la ciudadanía y respondan ante la situación del país, con propuestas concretas.

Que trabajen en conjunto para el pueblo Argentino. A 40 años de la recuperación de la democracia y a solo unos meses de las PASO, Argentina se encuentra en una situación que nos debería hacer cuestionarnos que país queremos construir.