20 años han pasado desde aquella jornada de lucha en el Puente Pueyrredón donde la represión, orquestada desde las entrañas del gobierno de Eduardo Duhalde, se cobró la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes y piqueteros.
El motor de la historia es la lucha de clases
La movilización que tuvo lugar el 26 de junio de 2002 desde la ex estación Avellaneda fue una de las tantas jornadas de lucha que marcaron la resistencia popular nacida al calor de las asambleas y del movimiento piquetero. Diciembre de 2001 fue la trompada en la jeta.
El fantasma del argentinazo (reciente) seguía marcando el pulso de los inconformistas, de los rebeldes, de los más postergados (por acción y omisión del Estado), de todos aquellos que canalizaban la bronca en lucha y se manifestaban en contra de las políticas históricas que venían aplicando las fuerzas políticas gobernantes: peronistas y radicales, sí, los más acérrimos enemigos de la clase trabajadora. Los que se pelean en cámara pero en el Congreso legislan y co-gobiernan defendiendo los mismos intereses. Los pagadores seriales del FMI. Los detractores de las organizaciones sociales.
Diciembre de 2001 no fue más que la continuidad de una lucha de larga data. En abril de 1995, 300 gendarmes enviados por el gobierno nacional junto a la policía provincial de Tierra del Fuego, desataron la represión en una manifestación de trabajadores en Ushuaia que reclamaban contra los despidos en masa en el seno de las empresas fueguinas. Durante la jornada de lucha fue asesinado Víctor Choque, quien se convirtió en la primera víctima de represión en una protesta social luego del retorno de la democracia.
El 12 de abril de 1997, es asesinada Teresa Rodríguez en la represión a una de las movilizaciones de docentes en lucha en la ciudad de Cutral-Có en Neuquén. La gendarmería nacional hizo lo propio cuando embistió con una feroz represión a los cortes realizados en Puente General Belgrano en Corrientes, en 1999, cuando fueron asesinados Mauro Ojeda y Francisco Escobar. El gobierno menemista descargó, sin dudarlo, la represión sobre quienes se resistían a vivir en la miseria.
Con la retirada en helicóptero de Fernando de la Rúa, llegaría Eduardo Duhalde a hacer el trabajo sucio y para lograr esto, contó con la complicidad de la iglesia, la colaboración de la CCC y de Luis D`Elia que, como siempre, actúan como factor de contención social y entregan las luchas al mejor postor.
Con la desintegración del régimen tercerizado de manzaneras que fue lanzado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el crecimiento exponencial del movimiento piquetero en el territorio no solo bonaerense sino nacional y un argentinazo en diciembre, Duhalde, debía controlar las calles. Luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre y el raid de presidentes que las siguieron, el primero de enero de 2002, la Asamblea Legislativa formada por diputados y senadores que apelaron a la Ley de Acefalía, elige como presidente a Eduardo Duhalde, por aquel entonces, senador.
Duhalde venía de ser derrotado en las elecciones presidenciales por el par De la Rúa – Alvárez, y de terminar una nefasta administración como gobernador de la provincia de Buenos Aires en la cual la policía bonaerense (una vez más) se ganó el apodo de “maldita policía” debido a la connivencia y lazo inquebrantable existente entre el Estado y la mafia policial. Tras la renuncia de Ruckauff a la gobernación de la provincia de Buenos Aires asume el cargo, Felipe Solá.
La situación económica, política y social del país estaba contenida en lo que parecía ser una olla a presión: la devaluación del peso en conjunto con una pesificación asimétrica fueron acompañadas por el Plan Jefas y Jefes de Hogar que estaba monitoreado por el Banco Mundial.
La gesta estatal de la Masacre del Puente Pueyrredón
Con Duhalde y Solá en el poder se comienza a gestar lo que sería la masacre del Puente Pueyrredón.
Tras la derogación de la Ley de Convertibilidad y la consecuente devaluación, la crisis económica y social empeoró llevando los niveles de desocupación a un 21%, la pobreza a un 54% e indigencia a un 27% hacia mediados del año 2002. Las organizaciones de piqueteros y de trabajadores desocupados se organizaron para darle pelea a la situación en las calles.
Masivas movilizaciones y cortes de ruta se extendieron en todo el país reclamando un cese al ajuste presupuestario que recaía en los bolsillos de todas las familias de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país.
La represión no tardó en llegar, pero esta vez, sería de la mano de Eduardo Duhalde que, incluso con los muertos del 19 y 20 de diciembre sobrevolando sobre su cabeza, no dudó en sacar toda su artillería represiva a las calles. A días de su asunción como presidente, voceros de la Secretaría de Seguridad, a cargo de un ex SIDE, Juan José Álvarez, anunciaron que tanto la bonaerense como la federal comenzarían a trabajar codo a codo para lograr restablecer el orden en las calles.
La cruzada de mano dura, no solo llegaría a las calles bonaerenses, sino que se extendería por todo el país y fue consensuada por el Ministro del Interior, José Matzkin y los gobernadores peronistas que debían garantizar el plan de ajuste hecho a medida del FMI.
Duhalde, ni lerdo ni perezoso, movió sus fichas y los días previos al 26 de junio convocó a una serie de reuniones al gobernador Felipe Solá junto a las cúpulas de las fuerzas armadas de provincia y CABA, servicios de inteligencia, y ministros de su gabinete para delinear lo que ellos denominaban la “marcha de los planes sociales y la seguridad interna”.
De estas reuniones también participaron personajes claves que tuvieron un rol preponderante en la masacre del Puente Pueyrredón. Por un lado, estaba quien era el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof (hoy, Embajador argentino en Bulgaria), y el Ministro de Defensa, Jorge Vanossi. Todos estos protagonistas nefastos fueron los que pusieron en marcha el operativo asesino de la federal y la bonaerense aquel fatídico 26 de junio.
Por otro lado, la Asamblea Nacional Piquetera tuvo lugar los días 22 y 23 de junio en el Estadio Gatica de Villa Domínico en ella participaron diferentes organizaciones de piqueteros, asambleas barriales y trabajadores de fábricas ocupadas. La convocatoria se hizo de forma pública y de manera abierta a los medios de comunicación. El resultado fue un plan de lucha que ratificaba y llamaba a movilizar el día 26 de junio. Los agentes del Estado infiltrados en la convocatoria elevaron sus informes a Vanossi, y éste, lo compartió con los jefes de las fuerzas represivas que tuvieron el tiempo suficiente para orquestar la masacre que se cobraría la vida de los jóvenes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
El día de la movilización, todas las organizaciones convocantes se hicieron presentes en el lugar provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Conforme avanzaban, se encontraron con el operativo policial desplegado y ubicado estratégicamente para frenar el avance de los piqueteros. Cualquier movimiento en falso podía desatar una represión voraz y una cacería feroz sin precedentes.
Una vez que comenzó la represión, esta se desplegó sobre avenida Mitre e Irigoyen, donde finalmente caería asesinado Maximiliano Kosteki quien, con la ayuda de sus compañeros sería llevado hacia el interior de la ex Estación Avellaneda. Minutos más tarde, Darío entró a la estación y vio a Maximiliano tirado en piso, y con un gesto de solidaridad infinita, se agachó para prestarle su ayuda al mismo tiempo que intentaba (en vano) frenar a las fuerzas policiales. Fanchiotti junto con Alejandro Acosta (cabo), Carlos Quevedo (principal), Lorenzo Colman (cabo) y Marcelo de la Fuente (suboficial) entraron a la estación y le dispararon por la espalda a Darío.
Con Darío herido y Maximiliano agonizando, las bestias del orden duplicaron su inhumanidad llevando a la rastra -después de haber golpeado a Darío- a los dos militantes piqueteros caídos para arrojarlos al vehículo que los llevaría hasta el hospital Fiorito, lugar al que llegaron muertos.
La prensa cómplice y el discurso de “los piqueteros se mataron entre ellos”
El rol de los medios (hegemónicos y no “tan” hegemónicos) en torno a la cobertura de las movilizaciones y la protesta social es siempre controversial entendiendo los intereses que difienden o la pauta oficial que reciben. Luego de lo ocurrido en la jornada de movilización en el Puente Pueyrredón, quedaron mucho más expuestos los lazos estrechos sostenidos entre el Estado, el poder judicial y los medios de comunicación cómplices.
Tras la cruenta represión, el gobierno puso en marcha lo que sería la versión oficial de los hechos. Tanto Clarín como La Nación, y los medios que respondían, por aquel entonces, al empresario Daniel Hadad rápidamente salieron a respaldar la teoría oficial de que esto se trataba de un enfrentamiento entre distintos bandos piqueteros, y no de una represión policial comandada desde las altas esferas del poder político.
La tapa de Clarín del día 27 de Junio que titula “La crisis causó dos nuevas muertes. Suman 31 desde diciembre” fue un burdo intento por contextualizar los hechos represivos con los episodios relacionados con los saqueos que tuvieron lugar durante y después de las jornadas de diciembre de 2001.
El intento por desligar la responsabilidad Estatal de las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki se refuerza con la volanta que reza: “no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros (Clarín, 27/6/2002).
Tiempo después, sería el mismísimo director de la sección de Política del diario, Julio Blanck quien confirmaría que el título había sido un error periodístico.
El papel fundamental del fotoperiodismo en la reconstrucción de los hechos
La foto de la portada de Clarín forma parte de una secuencia fotográfica tomada por José Mateos, fotógrafo de Clarín en donde se puede ver la figura de un jóven que yace en el suelo, otro en movimiento, que es Darío Santillán, corriendo. También se puede reconocer a un policía sosteniendo un arma de fuego y la sombra de otro que podría corresponderse con Fanchiotti. Detrás, podemos identificar a otro policía observando lo que pasa dentro de la estación.
Gracias a la enorme cobertura de los fotoperiodistas Mateos, Kowalewsky, y otros pertenecientes a medios independientes es que se pudo reconstruir en un plazo de 48 horas los hechos acontecidos y el momento exacto en el que Fanchiotti y sus secuaces entraron a la estación y dispararon contra Darío Santillán. Esta reconstrucción, además, permitió destrozar la versión oficial del gobierno sostenida por los medios de comunicación afines que se vieron en la obligación de dar marcha atrás con el relato falso que habían inventado para deslindarse de su responsabilidad.
Con su versión oficial de los hechos hecha trizas, el gobierno de Duhalde recurrió al informe elaborado por la SIDE para responsabilizar, estigmatizar y perseguir a todos los piqueteros que participaron de la movilización. El propio Estado lejos de reconocer su responsabilidad en torno a la masacre y la cacería, ponía en marcha su plan B al culpar a los asistentes por las balas que salieron del seno gubernamental por decisión política.
El ahora Ministro de Seguridad, Anibal Fernández, durante el gobierno duhaldista ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia. Durante uno de sus discursos, dio detalles de lo que fue la Asamblea Nacional Piquetera en el Estadio Gatica, lo que confirmó la infiltración por parte de los servicios de inteligencia.
Por su parte, Jorge Vanossi trabajó en la elaboración de una denuncia que fue presentada por el gobierno nacional ante la justicia federal y apuntaba directo a los referentes de las organizaciones que convocaban a los cortes de ruta y a las asambleas. Afortunadamente, y gracias a la incansable labor desempeñada por las organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones antirrepresivas, estas denuncias no lograron prosperar y la causa fue archivada.
Los Fernández contra las organizaciones sociales.
A días de conmemorarse los veinta años de la masacre del Puente Pueyrredón, las organizaciones sociales, el movimiento piquetero y los que luchan día a día contra el ajuste fueron el objetivo de un nuevo ataque estatal. Cristina Fernández de Kirchner junto al séquito fiel de medios de comunicación que encubren y defienden las políticas ajustadoras, así como quienes se definen como sus máximos detractores, no escatimaron en unirse en una nueva cruzada atravesada por una guerra judicial nac & pop.
Esta nueva campaña tiene como objetivo principal convertir a las organizaciones sociales en el chivo expiatorio bajo el cual se esconde el derrumbe político de un gobierno sin rumbo y en cuyo frente electoral existe una marcada disociación entre los Fernández. Cristina, como Duhalde, aquel 26 de junio, pretende imponer el orden llamando a ejercer el control de las calles.
Hoy, 20 años después, las organizaciones de piqueteros y sociales respondieron a CFK con una enorme vigilia y movilización, tal como lo hicieron aquella jornada de lucha donde el gobierno de Duhalde asesinó a Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki.
20 años después, las calles siguen siendo nuestras. Las balas, las pone el Estado.
Estudiante de la Lic. en Historia. Melómana. Metalera. Cellista amateur. Lectora apasionada. Espíritu nómade. Amante de los idiomas. Viajera empedernida. Rebelde con causa. Antiespecista. Cazadora de auroras boreales. Troska.
