La Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional Argentino, cumplió un año el pasado 30 de diciembre y ya son 32.758 las personas con capacidad gestante que abortaron de manera legal, segura y gratuita en el sistema de salud público, entre el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Su conquista y vigencia, por parte de voces autorizadas, pretende arrojar claridad en el debate. 

“Será Ley” fue la frase más escuchada la noche del 30 de diciembre de 2020 en todos los rincones de Argentina. Más de 2 millones de personas salieron a las calles para exigir Aborto Legal, seguro y gratuito. La “marea verde”, como se (re)conoce a los movimientos de mujeres y feministas que acuerdan con la lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, inundó todas las plazas del país con actividades políticas, recreativas e informativas, mediante la apropiación del espacio público y una vigilia que concluyó a las 4:15 de la madrugada. 

Con una abstención, 38 votos a favor, 29 en contra y una conquista histórica, la sanción de la Ley 27.610 que garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo y, además, promueve la atención ambulatoria posterior a la práctica, dejó de ser un anhelo para convertirse en un derecho reconocido legalmente.

Este hito histórico que captó la atención del mundo entero, fue el resultado de una incansable tarea llevada adelante por los movimientos de mujeres, feminismos, partidos políticos y colectivas disidentes que vienen luchando incansablemente por la garantización de esta conquista fundamental en materia de salud sexual y reproductiva. 

El desafío entonces, es que se cumpla con el acompañamiento respectivo de la Ley de Educación Sexual y la entrega e información de métodos anticonceptivos, brindando herramientas para pensar soluciones.

Aborto legal: una deuda histórica que debía saldarse

Desde el año 1921, en el artículo 86 del Código Penal, se expresaba que no debe penarse la interrupción del embarazo cuando corra peligro la vida o la salud de la persona gestante o cuando el embarazo sea producto de una violación. Aún así, su implementación ha sido vulnerada sistemáticamente por gobiernos democráticos y silenciada de manera absoluta durante la última dictadura militar. 

Con la vuelta a la democracia en el año 83, se inició un proceso paulatino de visibilización y discusión en la esfera pública, respecto a diversos reclamos acallados. Retomado de esa forma la necesidad de conquistar el aborto legal, se conformaron y desarrollaron diversas agrupaciones como: la Comisión por el Derecho al Aborto, Elegir, el Foro por los Derechos Reproductivos y Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, entre otras.  

Durante la década de los ’90 y con la Reforma de la Carta Magna, el debate se reavivó y llegó a los medios de comunicación. Además, la Comisión por el Derecho al Aborto realizó públicamente la entrega al Parlamento del “Anteproyecto de Ley de Anticoncepción y Aborto”, obteniendo repercusión social por un breve período.

Con la llegada del año 2000, la inserción de internet posibilitó nuevos espacios de circulación discursiva y se sumaron voces de periodistas proclives a hablar del aborto, modificando un poco el escenario. 

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario (2003), se realizó la primera marcha que incorporó el pañuelo verde como identificador de la lucha, resultando en la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por casi 70 grupos de activistas, bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

La necesidad de garantizar la práctica fue revelada no sólo por datos estadísticos y recursos científicos, sino por casos de notoriedad pública como el de Ana María Acevedo, la joven oriunda de Santa Fe que en 2007, estando embarazada tempranamente, fue diagnosticada con cáncer maxilar; pero en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe le negaron el acceso al aborto y luego de semanas de sufrimiento, le practicaron una cesárea de emergencia. La bebé sobrevivió apenas 24 horas y Ana María falleció 14 días después.

Para el 2012, la discusión obtuvo un nuevo giro con el fallo FAL que garantizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para víctimas de abuso sexual y aconsejó a las provincias que sancionaran protocolos para facilitar el acceso a la ILE en los casos habilitados por Ley. 

Con el aborto en agenda, el movimiento Ni Una Menos (2015) reforzó la consigna “Sin aborto legal, no hay ni una menos” y la marea verde comenzó un camino que no tendría vuelta atrás, conquistando el aborto legal hasta la semana 14 de gestación inclusive sin motivos, o si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida o la salud de la mujer.

La sanción entró en vigor el 24 de enero de 2021 y legitimó un terreno trabajado durante años en la clandestinidad.

Ley de IVE: vigencia e implementación

A un año de la sanción de la Ley, es necesario clarificar su real y efectiva implementación, recurriendo a diversas voces autorizadas de profesionales, activistas y centros de investigación.

Para ello, fue necesario apelar al informe realizado por “Proyecto Mirar”, coordinado por Ibis Reproductive Health y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), cuya tarea es la investigación al servicio del debate público, respecto a políticas y estrategias de incidencia en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, monitoreando la implementación de la IVE para que “los derechos reconocidos sean una realidad en la vida cotidiana de mujeres y otras personas gestantes, sean adultas, adolescentes o niñas”. 

Según el informe, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes, accedieron a una interrupción legal y voluntaria del embarazo en los servicios de salud del sector durante el primer semestre del 2021, aunque en ciudades como Buenos Aires, la cantidad de IVE/ILE reportadas entre enero-junio 2021 fueron de 4.239, y de solo 95 en Formosa, por lo que resulta evidente que las diferencias territoriales en su implementación, son una muestra de la inequidad existente en el  acceso real y simbólico a la gestión de la salud sexual y reproductiva de los cuerpos gestantes. 

Gráfico: Proyecto Mirar

El proyecto además, incluye en sus observaciones a grupos de apoyo para abortos autogestionados y/o acompañamiento en la búsqueda de la garantía del derecho, entendiendo que los movimientos de mujeres, feministas y activistas fueron y son protagonistas claves para poder detectar barreras o violaciones en el acceso al aborto y ayudar a su respectivo conocimiento y difusión.

Aborto Legal: Soluciones aproximadas

Según el proyecto mirar, diferentes activistas reconocen la necesidad de que la red se siga extendiendo y se consoliden equipos que garanticen la práctica tanto en el sector público como en el privado y que se hagan públicos quienes objetan conciencia. Al respecto, Olga Cristóbal, periodista e investigadora de la historia de las mujeres y militante del Plenario de Trabajadoras en Política Obrera, advierte que: 

Por otro lado, diversas activistas consultadas por “Proyecto Mirar”, plantean la necesidad de que el estado siga poniendo esfuerzo en difundir información actualizada para que las personas tengan un pleno acceso al conocimiento y posterior decisión ya que las brechas simbólicas tienen como resultado la demora o barrera en el acceso.

Respecto al acceso a la práctica y la vigencia e implementación de la ley, fue consultada Claudia Damiani, médica cardióloga de la ciudad de Santa Fe, activista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la cual sostuvo que: “haciendo un balance del primer año, considero que las mujeres siguen buscando acompañamiento en el socorrismo y confiando en el sistema paralelo por el maltrato dentro del sistema de salud dado que muchas siguen sin saber bien la ruta a seguir y se encuentran con obstáculos y malos tratos”.

Además agregó que “sigue habiendo una red de socorristas paralelas que son las que en realidad están sosteniendo y apoyando amorosamente la mayoría de los casos. Porque los números que presenta la provincia (Santa Fe) son muchos menos de los que realmente se practicaron. (…) pero por suerte, socorristas como Las Nanas, por ejemplo, siguen haciendo el laburo que no hace el Estado”.

Esto se ve reflejado en el ámbito nacional, ya que según datos publicados por Socorristas en Red, una articulación de colectivas feministas de Argentina, “entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2021, acompañamos 9.900 personas en sus abortos. 2377 decidieron ser acompañadas en el sistema de salud y 7.523 lo hicieron desde la autogestión”.  

Por su parte, Olga Cristóbal señaló que: “el derecho al cuerpo, a decidir sobre el cuerpo de las mujeres es mucho más que un embarazo. Es la autonomía, a tener un proyecto de vida, a no estar sometidas a la sujeción familiar, a pensar que también la calle, el acceso a la cultura, la educación, el trabajo; son muy buenos motivos de vida, y por esa misma razón, el oscurantismo combate tanto el derecho al aborto”.

Finalmente, la titular de La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), Valeria Isla, aportó una posible solución al mencionar que: “La introducción de la mifepristona es una prioridad para el próximo año. Si bien se recibirá la donación y se iniciará una compra, hay que introducirla, para el registro, para la producción, pero tiene que estar en la agenda de la política pública. Y me parece que en el 2022 podemos avanzar en ese sentido. En el caso del misoprostol, tenemos que seguir consolidando la producción nacional, más la venta del Laboratorio registrado en la Argentina a las obras sociales y prepagas para el acceso en esos sectores”.

La lucha por el aborto legal en Argentina, ha resignificado la noción del cuerpo, la decisión y la libertad de las mujeres y personas gestantes. 

Esta fuerza del movimiento de mujeres que golpea como una ola gigante a las viejas estructuras eclesiásticas y patriarcales, abre a su paso debates necesarios y siembra aprendizajes mediante el establecimiento de acuerdos y delimitaciones, marcando agenda en materia de derechos sexuales y reproductivos, con el fin de seguir avanzando, sin dar ni un paso atrás.

PROYECTO APOYADO POR INTERNEWS HEALTH JOURNALISM NETWORK

Fuentes consultadas:

Romero M, Ramos S, Ramón Michel A, Keefe-Oates B, Rizzalli E. Proyecto mirar: a un año de la ley de aborto en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CEDES; Ibis Reproductive Health, diciembre 2021. Disponible en: https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4671

Chaher S, Molina S, Waigandt A. El aborto en la prensa gráfica argentina –Monitoreo de 10 casos-; Católicas por el derecho a decidir (CDD),  International Planned Parenthood Federation (IPPF). abril 2008. Disponible en: https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1241222329.el_aborto_en_la_prensa_argentina_0.pdf

Ley 27610 de 2020. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 30 de diciembre de 2020. B.O. 15/01/2020 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/346231/norma.htm