Ola de saqueos, represión salvaje, muertos, hambre y desocupación fueron las semillas de un Argentinazo que no nació ni se gestó en diciembre de 2001 sino que se remonta a décadas de políticas infames y saqueos sistemáticos que decantaron en el hartazgo generalizado de un pueblo que se sublevó para poner punto final al (des)gobierno de Fernando de la Rúa.

Una casta política cómplice del hambre y la miseria

Decía Marx que el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. La casta política organizada en los diferentes partidos del régimen co-gobernaron y fueron garantes del ajuste, la precariedad y la miseria que atravesaba el país a lo largo y a lo ancho. Peronistas y radicales se daban la mano en el Congreso mientras afuera había un país al borde del estallido.

El 2001 fue un año complicado para los trabajadores, pero todavía más difícil para quienes eran golpeados por el flagelo de la desocupación y la pobreza abismal heredada de los años noventa. La hiperinflación carcomía los modestos ingresos de la clase obrera y, a su vez, solo apuntaba a mantener el marco de convertibilidad de los «años dorados» del menemismo.

La inestabilidad económica y la falta de credibilidad en las políticas implementadas por De la Rúa, caldeaban los ánimos día a día. La imposición de un «corralito» financiero por parte del ministro de economía, Domingo Cavallo, afectó enormemente a los sectores medios que habían sido obligados a bancarizarse por Patricia Bullrich, la entonces titular de la cartera de Trabajo.

El paro nacional del 13 de diciembre movilizó a toda la clase obrera junto a los sectores de desocupados. En provincias como Salta, Corrientes, Córdoba y Chaco el descontento se hacía sentir con más fuerza y la represión a la protesta social ejercida por la alianza UCR-Frepaso ya se había cobrado la vida de siete personas.

El Argentinazo y el que se vayan todos.

Luego de haber sido designado como interventor de la provincia de Corrientes, Ramon Mestre (p) asume como ministro del Interior. Bajo sus espaldas cargaba con las muertes de Francisco Escobar y Mauro Ojeda, asesinados por la gendarmería en la que se conoce como Masacre del Puente General Belgrano. El puesto vacante fue ocupado por Oscar Aguad, un radical oriundo de Córdoba y un gran amigo del milico represor Benjamín Menéndez.

La tarde del 19 de diciembre al culminar una reunión con todo su gabinete, el presidente Fernando De la Rúa anuncia por cadena nacional el estado de sitio en todo el país. El Congreso estaba cerrado e inicialmente, la medida sería ejecutada por un período de 30 días y sin la aprobación legislativa.

Mediante la medida se ponía fin a las garantías constitucionales y el principal objetivo de esto era sostener el plan de ajuste que venían aplicando en el último mes y generaba el repudio de los sectores medios y populares. Para de la Rúa, este decreto suponía una necesidad para preservar la ley y el orden. De este modo, todos aquellos que actuaran en detrimento se posicionaban del lado contrario y serían considerados «enemigos».

Dirigentes de movimientos sociales, militantes políticos, desocupados y todos aquellos que se movilizaran no solo en contra del ajuste sino motorizados por paliar el hambre y las necesidades, serían combatidos por las fuerzas represivas del Estado.

El estallido social y la cacería feroz

Durante dos largas jornadas, tanto las fuerzas federales como provinciales salieron a recorrer las calles con la clara intención de reprimir a los manifestantes que habían tomado las calles no solo de la capital sino de las provincias en todo el territorio. La orden dictada por el gobierno era la de evitar a cualquier costo las protestas.

Balas de plomo para todos los que se encontraban cerca de los locales de las distintas organizaciones sociales y políticas que tenían un rol activo en las protestas. Balas de plomo para quienes se encontraban en las inmediaciones de supermercados, tiendas o empresas con el fin de ponerle fin a los saqueos. Nadie que se encontrara en las calles se libraba del alcance de la feroz represión desatada.

Las balas eran las garantes de un plan de ajuste en marcha que debía sostenerse y para lograr esto, el Estado puso a disposición todas las herramientas que tenía a mano: suspensión de la Constitución, la subordinación al FMI y un blindaje inusitado, pero todo esto, no hubiera sido posible sin la anuencia de todos los gobernadores y los bloques de los partidos patronales tradicionales.

Del «que se vayan todos» al «nos siguen gobernando los mismos hijos de yuta».

Las imágenes recurrentes y grabadas en la memoria colectiva del pueblo sobre las jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre no son otras que las de los cacerolazos, saqueos, una multitud congregada frente a la Casa Rosada, las piedras, la palmera en llamas en Plaza de Mayo, camiones hidrantes, balas, gases, la policía montada reprimiendo a las Madres de Plaza de Mayo y a periodistas por igual, las banderas y el «que se vayan todos y no quede ni uno solo». De la Rúa, escapando como laucha por tirante en un helicóptero.

Las balas, los muertos en las calles de todos aquellos que le pusieron el cuerpo a las luchas, las asambleas barriales, las ollas populares, el olor a los neumáticos en llamas, los piquetes, los cortes de ruta en todo el país, los que se morían de hambre y encontraban en los saqueos una mínima luz de esperanza al final del túnel que les permitía sobrevivir un día más.

No era resentimiento, era un odio de clase que dejaba asomar la bronca acumulada de años de los que sufrían las inclemencias de un sistema opresor y violento que, durante décadas vació los bolsillos y la dignidad de los más desposeídos y marginalizados.

El descreimiento en las instituciones burguesas que demostraban (una vez más) su incapacidad para contener las necesidades de la población con la aplicación de políticas sociales iba en aumento y las únicas respuestas posibles del regimen burgués para mantener el status quo eran la represión y más ajuste. La vida humana y los derechos del pueblo no eran una prioridad.

El estado de sitio lo único que hizo fue acelerar el proceso del estallido social, o Argentinazo. Fue una declaración de guerra a la que el pueblo respondió tomando las calles. El Estado decidió salvar al capital. El pueblo, eligió luchar.

Este largo proceso de descomposición culminó con la renuncia de todo el gabinete de De la Rúa, y más tarde, con la dimisión del presidente que abandonó la Casa Rosada en helicóptero.

El gobierno que había sembrado el terror y la muerte en todo el país, se retiraba antes de tiempo. Incapaces de implementar más políticas ajustadoras dictadas por los organismos internacionales.

Sin embargo, después de ellos vendrían otros, porque ninguno se fue, porque se reciclaron. Porque volvieron disfrazados de otros partidos del regimen, pero con los mismos programas y defendiendo los mismos intereses. Volvieron impunes, con los muertos del 19 y 20 de diciembre pesando sobre sus hombros.

A 20 años del Argentinazo, seguimos luchando para que se vayan todos.

Por otro Argentinazo, por el poder.